1.800 € recuperados por Phishing contra Wizink
Importe conseguido 1802.67€
Reclamación contra Wizink
Fecha 16/03/2026
Juzgado Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid. Plaza nº 1.
Compartimos un nuevo caso de éxito de phishing logrado por indemniza.me en Madrid. En esta ocasión conseguimos que Wizink devolviera a nuestro cliente 1.802,67 euros por varios cargos que nunca autorizó en su tarjeta de crédito.
Gracias a nuestro trabajo y a la confianza de nuestro cliente, el 16 de marzo de 2026 el banco fue condenado en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 1, a devolver a nuestro cliente esta cantidad más los intereses legales correspondientes.
El origen del problema: unos cargos que nuestro cliente no había autorizado
Nuestro cliente comprobó que en su tarjeta de crédito Wizink se habían realizado varios cargos que no reconocía por un total de 1.802,67 euros. Al percatarse de ellos, avisó inmediatamente al banco, solicitó un reembolso y canceló la tarjeta.
La sorpresa de nuestro cliente llegó cuando Wizink se negó a devolverle el dinero al entender que los pagos fueron autorizados por nuestro cliente a raíz de un comportamiento negligente en el que reveló sus datos identificativos.
Después de intentar el 1 de marzo de 2023 una reclamación extrajudicial sin éxito, presentamos demanda para recuperar la cantidad.
La prueba del banco no acreditaba que nuestro cliente hubiera autorizado las operaciones
Para demostrar que las operaciones se habían autenticado correctamente, Wizink aportó un certificado de operaciones. Sin embargo, en cada una de ellas figuraba como resultado: “dispositivo o entidad que autentifica al cliente, no identificado”. Para el juzgado, esto impide considerar que las operaciones fueran autenticadas, algo que la ley exige acreditar al banco.
La sentencia recordó, además, que cuando el cliente niega haber autorizado una operación es el banco quien debe probar que fue autenticada correctamente y, si se diera el caso, que el cliente actuó con fraude o negligencia grave.
El juzgado añadió que no existía ningún indicio de negligencia grave concreta y que el banco no puede escudarse en una negligencia del usuario para denegar la devolución, negligencia que en este caso ni siquiera se había concretado ni acreditado.
El resultado: 1.802,67 € más intereses y costas
El 16 de marzo de 2026, el juzgado estimó íntegramente la demanda y condenó a Wizink a:
- Devolver los 1.802,67 euros más los intereses legales desde la reclamación extrajudicial del 1 de marzo de 2023, incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta el pago.
- Asumir las costas del procedimiento.
Esta sentencia es firme y contra ella no cabe ningún recurso.
Si has sufrido cargos en tu tarjeta que no reconoces y tu banco se niega a devolverte el dinero, contacta con nosotros. Estudiaremos tu caso de forma gratuita.
NIG: 28.079.00.2-2024/0090507
Procedimiento: Juicio Verbal 775/2024
Materia: Contratos en general
Demandante: [DEMANDANTE]
LETRADO D./Dña. IVAN METOLA RODRIGUEZ
Demandado: WIZINK BANK, S.A
PROCURADOR [PROCURADOR_DEMANDANTE]
SENTENCIA Nº 61/2026
JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: [JUEZ]
Lugar: Madrid
Fecha: dieciséis de marzo de dos mil veintiséis
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que la meritada representación de la parte actora, formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.
SEGUNDO. – Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la parte demandada, para que en el término legal, comparecieren en autos asistida de Abogado y Procurador y contestara aquélla, lo cual verificó, en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación a la demanda.
TERCERO. – Que, contestada la demanda, ninguna de las partes solicitó la celebración de vista, quedando los autos conclusos para sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. – De la posición de las partes
Los hechos esenciales que sustentan la pretensión principal de la parte actora se fundan en tres pagos de 1.635,95; 53,94; 33,94; 77,29 y 1,55 euros realizados a través de su tarjeta de crédito, operaciones no autorizadas por las cuales solicita que se le reembolse un total de 1.802,67 euros, más intereses y costas.
La parte demandada se opone a la pretensión ejercitada por el demandante. Considera que la demandante no ha acreditado que se trate de operaciones no autorizadas y que los pagos fueron autorizados por la demandante. Alega también negligencia en la posición de la demandante, que se concretaría en que facilitó sus datos identificativos (usuario y contraseña) a un tercero, que fue el que autorizó las operaciones litigiosas. Interesa la desestimación de la demanda con condena en costas.
SEGUNDO. – De la responsabilidad del operador bancario.
El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera establece el régimen normativo aplicable para la determinación de la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago. En cuanto a las operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, el artículo 43.1 del mencionado cuerpo legal establece:
“El usuario de servicios de pago obtendrá la rectificación por parte del proveedor de servicios de pago de una operación de pago no autorizada o ejecutada incorrectamente únicamente si el usuario de servicios de pago se lo comunica sin demora injustificada, en cuanto tenga conocimiento de cualquiera de dichas operaciones que sea objeto de reclamación, incluso las cubiertas por el artículo 60, y, en todo caso, dentro de un plazo máximo de trece meses contados desde la fecha del adeudo.
Los plazos para la notificación establecidos en el párrafo primero no se aplicarán cuando el proveedor de servicios de pago no le haya proporcionado ni puesto a su disposición la información sobre la operación de pago con arreglo a lo establecido en el título II.”
Por su parte, el artículo 44 dispone:
“1. Cuando un usuario de servicios de pago niegue haber autorizado una operación de pago ya ejecutada o alegue que ésta se ejecutó de manera incorrecta, corresponderá al proveedor de servicios de pago demostrar que la operación de pago fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio prestado por el proveedor de servicios de pago.
Si el usuario de servicios de pago inicia la operación de pago a través de un proveedor de servicios de iniciación de pagos, corresponderá a éste demostrar que, dentro de su ámbito de competencia, la operación de pago fue autenticada y registrada con exactitud y no se vio afectada por un fallo técnico u otras deficiencias vinculadas al servicio de pago del que es responsable.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, el registro por el proveedor de servicios de pago, incluido, en su caso, el proveedor de servicios de iniciación de pagos, de la utilización del instrumento de pago no bastará, necesariamente, para demostrar que la operación de pago fue autorizada por el ordenante, ni que éste ha actuado de manera fraudulenta o incumplido deliberadamente o por negligencia grave una o varias de sus obligaciones con arreglo al artículo 41.
3. Corresponderá al proveedor de servicios de pago, incluido, en su caso, el proveedor de servicios de iniciación de pagos, probar que el usuario del servicio de pago cometió fraude o negligencia grave.
4. El proveedor de servicios de pago conservará la documentación y los registros que le permitan acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Título y sus disposiciones de desarrollo y las facilitará al usuario en el caso de que así le sea solicitado, durante, al menos, seis años. No obstante, el proveedor de servicios de pago conservará la documentación relativa al nacimiento, modificación y extinción de la relación jurídica que le une con cada usuario de servicios de pago al menos durante el periodo en que, a tenor de las normas sobre prescripción puedan resultarles conveniente para promover el ejercicio de sus derechos contractuales o sea posible que les llegue a ser exigido el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como en otras disposiciones nacionales o de la Unión Europea aplicables.”
En el presente supuesto, la operación de pago se realizó con los datos del instrumento de pago. Al recibir noticia del cobro de la cantidad notificó dicha circunstancia inmediatamente al banco y procedió a cancelar el instrumento de pago. El operador bancario demandado aporta como prueba de descargo un certificado de operaciones en que aparece como resultado de cada uno de las operaciones: “dispositivo o entidad que autentifica al cliente, no identificado”.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto sobre un supuesto similar en reciente Sentencia 571/2025, de 9 de abril que recoge que “la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo, en el doble sentido de que, primero, notificada la existencia de una operación no autorizada o ejecutada incorrectamente, el proveedor debe responder salvo que acredite la existencia de fraude; y, segundo, cuando el usuario niegue haber autorizado la operación o alegue que ésta se ejecutó incorrectamente, corresponde al proveedor acreditar que la operación de pago fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio, sin que el simple registro de la operación baste para demostrar que fue autorizada ni que el usuario ha actuado de manera fraudulenta o incumplido deliberadamente o por negligencia grave.
Profundizando en este último punto, la expresión «operaciones no autorizadas» incluye aquellas que se han iniciado con las claves de usuario y contraseña del usuario -necesarias para acceder al sistema de banca digital- y confirmado mediante la inserción del SMS enviado por el propio sistema al dispositivo móvil facilitado por el usuario, siempre que éste niegue haberlas autorizado, en cuyo caso el banco deberá acreditar que la operación de pago fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio que presta.”
En este caso el banco alega que se realizó la autenticación, registro y contabilización, sin afectación de fallo o deficiencia. Sin embargo, en el propio certificado que expide la entidad encargada de este servicio se establece que el cliente no fue identificado, lo que impide la autenticación de la operación de pago a efectos del artículo 44.1 antes reproducido, sin que exista ningún indicio de negligencia grave concreta por al demandada.
Por su parte la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE establece en sus artículos 73 y 74:
«Artículo 73
Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de operaciones de pago no autorizadas
1. Sin perjuicio del artículo 71, los Estados miembros velarán por que, en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante devuelva a este el importe de la operación no autorizada de inmediato y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado la operación, salvo cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante tenga motivos razonables para sospechar la existencia de fraude y comunique dichos motivos por escrito a la autoridad nacional pertinente. En su caso, el proveedor de servicios de pago del ordenante restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada. Velarán asimismo por que la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no sea posterior a la fecha de adeudo del importe.
2. Cuando la operación de pago se inicie a través de un proveedor de servicios de iniciación de pagos, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta devolverá inmediatamente y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente, el importe de la operación de pago no autorizada y, en su caso, restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada.
Si el responsable de la operación de pago no autorizada es el proveedor de servicios de iniciación de pagos, deberá resarcir de inmediato al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, a petición de este, por las pérdidas sufridas o las sumas abonadas para efectuar la devolución al ordenante, incluido el importe de la operación de pago no autorizada. De conformidad con el artículo 72, apartado 1, corresponderá al proveedor de servicios de iniciación de pagos demostrar que, dentro de su ámbito de competencia, la operación de pago fue autenticada y registrada con exactitud y no se vio afectada por un fallo técnico u otras deficiencias vinculadas al servicio de pago del que es responsable.
3. Podrán determinarse otras indemnizaciones económicas de conformidad con la normativa aplicable al contrato celebrado entre el ordenante y el proveedor de servicios de pago o el contrato celebrado entre el ordenante y el proveedor de servicios de iniciación de pagos, en su caso.
Artículo 74
Responsabilidad del ordenante en caso de operaciones de pago no autorizadas
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 73, el ordenante podrá quedar obligado a soportar, hasta un máximo de 50 EUR, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o robado o de la apropiación indebida de un instrumento de pago.
El párrafo primero no se aplicará si:
a) al ordenante no le resultaba posible detectar la pérdida, el robo o la apropiación indebida de un instrumento de pago antes de un pago, salvo cuando el propio ordenante haya actuado fraudulentamente, o
b) la pérdida se debe a la acción o inacción de empleados o de cualquier agente, sucursal o entidad de un proveedor de servicios de pago al que se hayan externalizado actividades.
El ordenante soportará todas las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas si el ordenante ha incurrido en tales pérdidas por haber actuado de manera fraudulenta o por haber incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones que establece el artículo 69. En esos casos, no será de aplicación el importe máximo contemplado en el párrafo primero.
En aquellos casos en que el ordenante no haya actuado de forma fraudulenta ni haya incumplido de forma deliberada sus obligaciones con arreglo al artículo 69, los Estados miembros podrán reducir la responsabilidad establecida en el párrafo primero del presente apartado, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de las credenciales de seguridad personalizadas del instrumento de pago y las circunstancias específicas de la pérdida, el robo o la apropiación indebida del instrumento de pago.
2. Si el proveedor de servicios de pago del ordenante no exige autenticación reforzada de cliente, el ordenante solo soportará las posibles consecuencias económicas en caso de haber actuado de forma fraudulenta. En el supuesto de que el beneficiario o el proveedor de servicios de pago del beneficiario no acepten la autenticación reforzada del cliente, deberán reembolsar el importe del perjuicio financiero causado al proveedor de servicios de pago del ordenante.
3. Salvo en caso de actuación fraudulenta, el ordenante no soportará consecuencia económica alguna por la utilización, con posterioridad a la notificación a que se refiere el artículo 69, apartado 1, letra b), de un instrumento de pago extraviado, robado u objeto de apropiación indebida.
Si el proveedor de servicios de pago no ofrece medios adecuados para que pueda notificarse en todo momento el extravío, el robo o la apropiación indebida de un instrumento de pago, según lo dispuesto en el artículo 70, apartado 1, letra c), el ordenante no será responsable de las consecuencias económicas que se deriven de la utilización de dicho instrumento de pago, salvo en caso de haber actuado de manera fraudulenta.».
Sobre la interpretación de dichos preceptos se ha pronunciado recientemente en Conclusiones el Abogado General del TJUE en asunto C- en el siguiente sentido:
«Los artículos 73, apartado 1, y 74, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a que un proveedor de servicios de pago pueda denegar a un ordenante la devolución inmediata del importe de una operación de pago no autorizada alegando que el ordenante ha sufrido una pérdida derivada de tal operación de pago por haber incumplido, por negligencia grave, las obligaciones que establece el artículo 69 de dicha Directiva.
(…)
9 El artículo 73, apartado 1, de la Directiva 2015/2366 ha sustituido al artículo 60, apartado 1, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO 2007, L 319, p. 1). Esta última disposición estaba redactada en los siguientes términos: «Sin perjuicio del artículo 58, los Estados miembros velarán por que, en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante le devuelva de inmediato el importe de la operación no autorizada y, en su caso, restablezca en la cuenta de pago en la cual se haya adeudado el importe el estado que habría existido de no haberse efectuado la operación de pago no autorizada».
10 De estos trabajos preparatorios se desprende pues que, aunque la propuesta inicial de la Comisión no incluía ninguna excepción a la obligación de devolución inmediata cuando el proveedor tuviera motivos razonables para sospechar la existencia de fraude, esta modificación se introdujo durante las negociaciones interinstitucionales antes de incorporarse al texto final de la Directiva 2015/2366. Véanse, a este respecto, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE y por la que se deroga la Directiva 2007/64/CE [COM (2013) 0547 final), en particular p. 13; Parlamento Europeo, texto acordado en las negociaciones interinstitucionales, PE 604.827 [expediente del procedimiento legislativo ordinario 2013/0264 (COD), aprobado el 16 de junio de 2015], en particular el artículo 65, y el informe complementario sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE y se deroga la Directiva 2007/64/CE, A8-0266/2015 (adoptado el 28 de septiembre de 2015), en particular su artículo 73. La Comisión adoptó el mismo enfoque en su propuesta de Reglamento sobre servicios de pago en el mercado interior. En la disposición relativa a la responsabilidad del proveedor en caso de operaciones de pago no autorizadas, se especifica que únicamente la existencia de motivos razonables de sospecha de fraude por parte del ordenante puede justificar la denegación de la devolución por parte del proveedor. En ese caso, el citado proveedor debe motivar su denegación de devolución e indicar los organismos a los que puede dirigirse el ordenante.
(…)
21 Habida cuenta de la obligación que incumbe al proveedor de servicios de pago de proceder a la devolución «a más tardar al final del día hábil siguiente» una vez que el ordenante lo ha informado de una operación de pago no autorizada, es lícito preguntarse si el proveedor de servicios de pago puede recabar, en un plazo tan breve, todos los elementos que puedan dar lugar a sospechas fundadas de fraude. Asimismo, es preciso señalar que, si bien, desde un punto de vista teórico, la distinción entre un acto fraudulento y una conducta negligente no plantea dificultades, esta distinción resulta menos evidente en la práctica, máxime cuando el proveedor está obligado a identificar un acto fraudulento (o, al menos, sospechas de tal acto) en un período de tiempo extremadamente limitado para poder quedar exento de la obligación de devolución inmediata. También cabe preguntarse si, ante el riesgo de tener que efectuar tales devoluciones, los proveedores de servicios de pago se verían tentados a restringir la puesta a disposición de determinados medios de pago o a someter su utilización a condiciones más estrictas y onerosas para los usuarios, lo que iría en contra del objetivo general de desarrollo del mercado integrado de los pagos electrónicos que persigue la Directiva 2015/2366. Como subraya el Gobierno italiano, tal sistema también podría disuadir al ordenante de cumplir las obligaciones de diligencia impuestas por el artículo 69 de dicha Directiva.
22 En efecto, resulta que, en varios Estados miembros, los proveedores de servicios de pago han adoptado, por defecto, la práctica consistente en denegar a los ordenantes la devolución inmediata aduciendo que estos, mediante su conducta culposa, han contribuido a que se produzcan operaciones de pago no autorizadas. Pues bien, precisamente para prevenir tales prácticas, el legislador de la Unión, mediante la modificación introducida en el artículo 73, apartado 1, de la Directiva 2015/2366, pretendió reforzar la protección de los consumidores, velando por que la obligación de devolución inmediata, que incumbe a los proveedores de servicios de pago en caso de operaciones no autorizadas, solo pueda limitarse mediante excepciones expresas y estrictamente definidas».
Por consiguiente, el operador bancario no puede escudarse en una negligencia del usuario para denegar la devolución – negligencia que en este caso no se ha concretado ni menos acreditado – ni se cumplen en el presente supuesto los requisitos exigidos para atribuir la responsabilidad al usuario y no al operador bancario, por lo que la demanda se estima con costas.
TERCERO. – De las costas
En materia de costas, el artículo 394.1 LEC establece: “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. Procede, en consecuencia, la condena en costas a la parte demandada.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación y administrando Justicia en virtud de la autoridad conferida por la Constitución española en nombre de S.M. el Rey
FALLO
1.- Se estima íntegramente la demanda interpuesta por [DEMANDANTE] contra WIZINK BANK S.A. y, en consecuencia:
a) Se condena al demandado al pago de 1.802,67 euros a la demandante, más el pago de los intereses legales desde la reclamación extrajudicial de fecha 1 de marzo de 2023 hasta la fecha de la presente sentencia. La referida cantidad devengará el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución hasta el pago.
2.- Se imponen las costas a la demandada.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
