Desde que en diciembre de 2015 el Tribunal Supremo dictara su primera Sentencia anulando las cláusulas que imponían todos los gastos derivados de la hipoteca a los clientes, han sido miles las reclamaciones que han inundado los Juzgados especializados en cláusulas abusivas con distinta fortuna.
La inicial indefinición del Alto Tribunal en aquella primera Sentencia sobre cuáles debían ser las consecuencias económicas de anular la cláusula de gastos obligó a los distintos Juzgados de cada provincia a improvisar y decidir según su propio criterio qué gastos debía devolver el Banco y en qué porcentaje, generando con ello una importante inseguridad jurídica y con ello, un trato injusto, por desigual, para muchos consumidores que ante el idéntico problema obtenían distinta solución según cual fuera su lugar de residencia.
Afortunadamente, tras la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de Enero de 2021, las cosas han cambiado.
